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importadores

Por Cristian Bolívar Mendoza Hernández
Abogado MA.

PALMA LARANCUENT ESTUDIO LEGAL

Es innegable para cualquier conocedor del derecho privado y del derecho mercantil la importancia que reviste la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de pactos en el desarrollo de los negocios jurídicos. Esto debido a que tanto en el tráfico mercantil como en el tráfico civil, la imaginación de los contratantes en cuanto a negocios jurídicos, amparándose en la fuerza vinculante de la “lex contractus”, es lo que ha propiciado el gran desarrollo que a la fecha de hoy exhibe el derecho contractual, sobre todo en materia mercantil.

Corolario de ello lo son el leasing, el factoring, el renting, el franchising, el lease-back, el contrato swaps, el collar, entre muchos otros contratos los cuales se han desarrollado a partir de la necesidad y creatividad negocial de particulares, que no encontrando mecanismos jurídicos tradicionales para la regulación de sus relaciones jurídicas, tienen que acudir a la precedentemente citada “lex contractus” para estatuir de manera específica sobre el negocio jurídico deseado.

La libertad de pacto hoy por hoy es un principio consagrado, sino en la totalidad de los sistemas jurídicos, en la mayoría de ellos, así por ejemplo vemos como el legislador español la tipifica a través del artículo 1255 del Código Civil español al establecer “los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes la moral y el orden público”.

De la misma forma y aunque de manera más dispersa lo hace el legislador nativo a través de nuestro Código Civil, específicamente en los artículos 1133.- “Es ilícita la causa, cuando está prohibida por la ley, y cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres.” Y Art. 1128.- “Sólo las cosas que están en el comercio pueden ser Objeto de los contratos”.

Ahora bien sucede que para ciertas materias y circunstancias el legislador limita el alcance de la voluntad contractual, para lo cual dicta leyes o disposiciones de orden público, o también conocidas como leyes imperativas, las cuales a diferencia de las leyes de carácter dispositivo, no pueden ser modificadas por convenciones entre particulares (artículo 6 del Código Civil Dominicano), con lo que el legislador busca supeditar el interés particular por el interés de la colectividad, en aras de proteger ciertas instituciones que por su naturaleza y lo que ellas envuelven, revisten una elevada importancia para la colectividad.

Todo lo anterior como prefacio para pasar a hablar del ámbito de orden público de la ley No. “173-66, sobre protección a los agentes importadores de mercaderías y productos”, la cual por disposición del legislador goza de carácter imperativo o de orden público para los contratantes que se ciñan a su articulado y que cumplan con las formalidades exigidas. Artículo 8 de la misma ley 173-66, de fecha 6 de abril de 1966.

El ámbito de orden público de ésta ley se encuentra intrínsecamente en su finalidad, a saber a) la regularización de una situación de hecho o un fenómeno socio-jurídico que en esos momentos afectaba a una parte de la colectividad empresarial nacional b) la protección, estabilidad y seguridad de los agentes y distribuidores locales los cuales por su condición ocupaban una posición vulnerable c) el establecimiento de mecanismos indemnizatorios y disuasorios para los casos de resolución unilateral e injusta de dichos contratos.1

En resumen, el ámbito de orden público de esta norma se encuentra en su objeto material, es decir en el interés del estado de proteger a los agentes y distribuidores locales, los cuales por razones de vulnerabilidad y desigualdad negocial, siempre serían la parte lesionada, de ahí que dicha norma sea de carácter imperativo, a saber que debía imponérsele a cualquier convenio particular entre las partes.

En cuanto a la prórroga del fuero local a cortes foráneas.

A nuestro juicio el celo del legislador al promulgar la ley objeto de crítica se circunscribe única y exclusivamente al derecho material, es decir que poco importa si las partes en litigio, con motivo de un conflicto legal a raíz de un Contrato de Distribución y Concesión que entre en el ámbito de aplicación de la ley 173-66, decidan dilucidar sus diferencias por ante otros organismos que no sean los tradicionales o jurisdiccionales, y más aún cuando en muchos casos la justicia alterna representa mayores garantías para las partes interesadas en resolver un conflicto, tanto en la celeridad como en la motivación y conocimiento del tema. Este argumento ha sido apoyado por la jurisprudencia la cual ha establecido, que cuando la ley habla de orden público, en ningún caso se refiere a competencia, puesto que en el marco del derecho común cuando se admite regla de arbitraje implica una distracción de las jurisdicciones del estado para acudir a una justicia privada. (Sentencia No. 633-2010, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional), lo cual en apoyo al artículo 7 de la ley 173-66 a decir “Las acciones que sean ejercidas de conformidad con la presente Ley estarán regidas por las disposiciones del derecho común en lo que se refiere a la competencia, al procedimiento y a la prescripción”, nos da el fundamento suficiente como para decir que en nada contraviene a la norma, cuando se estipula o se prorroga la competencia de la jurisdicción por cortes foráneas o locales.

Ahora bien lo que no pueden las partes es establecer contractualmente la aplicación de una legislación foránea o diferente a la legislación nacional, puesto que esto sí que entraría en contradicción con lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 173-66 así como también constituirían dichas actuaciones una violación al artículo 6 del código civil.

1. la finalidad y espíritu de la ley 173-66, sobre protección de agentes importadores de mercaderías está claramente exteriorizada y plasmada en su exposición de motivos, a decir de sus considerandos los cuales establecen lo siguiente; CONSlDERANDO: que el Estado Dominicano no puede permanecer indiferente al creciente número de casos en que personas físicas o morales del exterior, sin causa justificada eliminan sus concesionarios o agentes tan pronto como éstos han creado un mercado favorable en la República, y sin tener en cuenta sus intereses legítimos; CONSIDERANDO: que se hace necesaria la adecuada protección de las personas físicas o morales que se dediquen en la República a promover y gestionar la importación, la distribución, la venta, el alquiler o cualquier otra forma de explotación de mercaderías o productos procedentes del extranjero o cuando los mismos sean fabricados en el país,actuando como agentes, o bajo cualquiera otra denominación contra los perjuicios que puedan irrogarles la resolución injusta de las relaciones en virtud de las cuales ejerzan tales actividades, por la acción unilateral de las personas o entidades a quienes representan o por cuya cuenta o interés actúan, a fin de asegurarles la reparación equitativa y completa de todas las pérdidas que hayan sufrido, así como de las ganancias legítimamente percibibles de que sean privados;

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